Colombia, 3 de noviembre de 2006
Ministerio de Comunicaciones habilitará radios comunitarias en 24 ciudades capitales
AMARC-ALC expresa su satisfacción ante la decisión del Ministerio de Comunicaciones de Colombia de realizar una convocatoria pública para radios comunitarias en las ciudades capitales de los 24 departamentos del país, superando una barrera que impedía que las organizaciones sociales y sin fines de lucro pudieran acceder a una frecuencia de radio, aún cuando el marco legal lo permite y reconoce desde hace más de 10 años.
Durante el II Encuentro Nacional de la Radio en Colombia realizado en la ciudad de Pereira los días 26 y 27 de octubre, la Directora de Acceso y Desarrollo Social del Ministerio de Comunicaciones, María Victoria Polanco, informó sobre la decisión gubernamental de abrir la convocatoria para radios comunitarias en las capitales de los 24 departamentos del país. En su presentación, Polanco presentó los avances del proceso de planificación de la convocatoria para 53 estaciones proyectadas en las 24 capitales. Anunció que "se espera que los términos de referencia estén publicados en la página web del Ministerio, para comentarios, hacia comienzos de diciembre 2006".
Las palabras de la funcionaria confirman lo expresado por la Ministra de Comunicaciones, Dra. Maria del Rosario Guerra, en el Consejo de Ministros Público realizado en el mes de septiembre y televisado a todo el país, quien anunció que antes de finalizar 2006 se abriría esta convocatoria.
La imposibilidad de los grupos ciudadanos de acceder a un permiso de radio comunitaria venía siendo denunciada desde hace varios años por organizaciones nacionales e internacionales como AMARC, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Planeta Paz, SIPAZ y otras. Se afirmaba que existía una "injustificada demora en realizar convocatorias para las ciudades capitales aunque la Constitución reconoce explícitamente el derecho a fundar medios de comunicación y el decreto que regula la radiodifusión comunitaria, no excluye la existencia en zonas urbanas, incluyendo las grandes ciudades".
Tales acciones motivaron la presentación de un recurso de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia, quien falló el 13 de julio de este año intimando al Ministerio de Comunicaciones para que "explique las razones por las que no se ha realizado la convocatoria para la puesta en marcha de las emisoras comunitarias en Bogotá, a pesar de que este servicio se reglamentó hace más de 10 años". Ante el recurso de la organización Voces Ciudadanas, la Corte también advirtió que el Ministerio de Comunicaciones lleva seis años "definiendo las características técnicas de los canales de las emisoras comunitarias que funcionarían en Bogotá, y hasta la fecha no se ha informado de los resultados de estos estudios".
Esta política del Estado colombiano mostraba una fuerte incoherencia entre una legislación que ha sido catalogada como de las mejores en el continente y su aplicación práctica por parte de los organismos responsables, usando pretextos técnicos o de procedimiento que limitan el pleno ejercicio de la libertad de expresión, una situación lamentablemente común en otros países de América Latina y el Caribe. Estas políticas se convierten así, en una censura indirecta al ejercicio de ese derecho fundamental por parte de amplios sectores sociales, tal cual se establece en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
AMARC considera que el levantamiento de esta barrera acerca a Colombia a los más altos estándares en materia de legislación en radiodifusión comunitaria en la región y anuncia que se mantendrá atenta a las condiciones o términos de referencia que se presentarán a consulta pública a fines de este año para analizar si cumplen con los estándares de transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación de los grupos ciudadanos.
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones
y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
